Se ha celebrado una reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia (UGT, CCOO, STAJ, CSIF, ELA y CIG) sobre la implantación del Teletrabajo en la Administración de Justicia.
UGT Justicia ya envió al Ministerio de Justicia en el mes de julio un extenso documento con las propuestas que nuestro sindicato hace en relación con el Teletrabajo, ha concretado en su Web una propuesta de norma para toda la Administración y ha solicitado apertura de Mesa de Negociación (con documentación, pues aún no hay ninguna). La administración nos ha informado que ha mantenido contactos con las CC.AA con competencias transferidas para iniciar la redacción de un documento homogéneo que deberá ser el punto de partida junto con las aportaciones de los sindicatos para tener un borrador sobre el que iniciar la negociación. El orden del día de la reunión convocada para hoy ha versado sobre los siguientes puntos del Teletrabajo:
1. Su objeto, finalidad y ámbito de aplicación .
2. Definiciones y aclaraciones terminológicas .
3. Régimen general: voluntariedad, suministro de medios técnicos, presencialidad, jornada y horarios, etc.
4. Procedimiento de autorización para teletrabajar.
5. Suspensión y extinción de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.
6. Derechos y deberes.
7. Prevención de riesgos del puesto en la modalidad de teletrabajo.
8. Transitoriedad de autorizaciones para teletrabajar tramitadas durante el COVID19.
Por parte de la Directora General se ha avanzado que se busca una regulación uniforme para que el funcionamiento en la Administración de Justicia sea homogéneo en todo el territorio, tomando como necesaria referencia el Real Decreto Ley 29/2020, por el cual se añade el art. 47 bis al TREBEP, fruto del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas suscrito por el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO el 21 de septiembre y diferente de la regulación del Teletrabajo en Empresas del Real Decreto Ley 28/2020. También nos ha informado de la compra de 4.000 portátiles para su reparto al personal el próximo mes de diciembre, así como de licencias de inmediación digital y escritorios virtuales, para el territorio ministerio.
Sin perjuicio de la negociación de cada uno de los puntos arriba recogidos, UGT insiste en que seremos estrictos con la regulación del Procedimiento de Autorización o Denegación y Modificaciones del Teletrabajo por la Administración, para evitar las arbitrariedades y discriminaciones que se han denunciado por algunos funcionarios con base a la discutible normativa ahora existente (un “Borrador” de abril y una regulación parcial en la Orden JUS/504/2020). La Directora General ha informado a este respecto que están terminando de implementar una aplicación informática para que todas las solicitudes de teletrabajo lleguen a la Administración, quien las tiene que autorizar sin dilación ni posibles arbitrariedades. UGT va a seguir reclamando que los porcentajes definitivos de personal teletrabajando no sean inferiores a los que se dan en la actualidad, esto es de un 40% y que lo sean por turnos rotatorios entre todos los funcionarios que lo soliciten.
UGT reivindica como esencial la formación específica que los nuevos requerimientos técnicos van a suponer con esta modalidad de trabajo. Ya hemos adelantado que es obligatorio para la Administración aportar los medios técnicos y su mantenimiento para teletrabajar, así como que se negocie la aportación a los empleados de una compensación por los gastos que esta modalidad puede generar.
Estaremos especialmente atentos a algunos aspectos muy importantes en su desarrollo como son los que tienen que ver con la salud laboral, la jornada de trabajo su ordenación y su verificación, y el análisis de las tareas y puestos que pueden ser susceptibles de teletrabajo, así como el carácter voluntario y la posibilidad de renunciar al mismo.
Después de meses de reclamar los datos referidos al Teletrabajo en la Administración de Justicia, por fin el Ministerio nos los ha trasladado: en su ámbito se han tramitado 3.054 solicitudes, de las cuales se han solucionado 3.022 quedando pendientes 32. Se pueden examinar los datos entregados por el Ministerio según la Provincia, según el Partido Judicial y datos de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para mejorar la transparencia y funcionamiento también hemos reclamado que se constituya una comisión de seguimiento conjunta entre sindicatos-administración sobre esta nueva modalidad de trabajo.