UGT ADVIERTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE LA LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA NO PUEDE SUPONER UNA PÉRDIDA DE DERECHOS SOCIOLABORALES PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia supone una profunda modificación de la estructura organizativa de la Administración de Justicia.
A grandes rasgos, implica la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la transformación de los Juzgados de Paz en las Oficinas de Justicia en los municipios.
También conlleva la conclusión del desarrollo de la implantación de la Oficina Judicial adaptada al nuevo modelo que se pretende.
Esta Ley que aboga por la especialización, la homogeneidad, la flexibilidad y la deslocalización como herramientas para conseguir sus objetivos, afecta directamente a las condiciones laborales del personal funcionario de la Administración de Justicia.
Desde UGT advertimos que cualquier modificación de las condiciones laborales tienen que ser negociadas con los representantes de las trabajadoras y trabajadores, sin que se pueda admitir ninguna pérdida de nuestros derechos sociolaborales.
Una vez más, este equipo ministerial vuelve a intentar implementar proyectos que fueron duramente contestados por el personal funcionario de la Administración de Justicia, especialmente en lo relativo a la modificación del artículo 521 de LOPJ.
El citado Anteproyecto que nos remite el Ministerio de Justicia contiene una serie de modificaciones que es necesario explicar y aclarar hasta el más mínimo detalle, de las que destacan:
El nuevo intento de modificar el 521 de la LOPJ.
Los puestos deslocalizados que se pretenden introducir.
La inclusión del personal de otras Administraciones Públicas con funciones en las nuevas Oficinas de Justicia municipales.
La redefinición del modelo de Oficina Judicial con las novedades que introduce esta Ley, al transformar las UPAD en Unidades Procesales de Tramitación con nuevas funciones de apoyo directo, ordenación del procedimiento y ejecución; y las nuevas funciones que también añade a los Servicios Comunes Procesales.
UGT exige la inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial de Justicia para la necesaria explicación de estas y otras cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal de Justicia ante los nuevos proyectos legislativos.