EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PRESENTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL
UGT JUSTICIA EXIGIRÁ A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS LA PRESENCIA Y PERMANENCIA EXPLÍCITA DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
En mayo del pasado año, tras las elecciones generales, UGT JUSTICIA remitió un escrito al entonces Presidente del Gobierno, en funciones, y al nuevo Grupo Parlamentario Socialista (GPS), en el que le exigíamos mantener el Registro Civil como un servicio público dentro de la Administración de Justicia, manifestándoles, asimismo, nuestra rotunda oposición a cualquier intento de “administrativizar” el Registro Civil, eliminando, a medio plazo y directamente, oficinas del Registro Civil existentes, e indirectamente, desmantelando la existencia o las funcionalidades de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.
Ante la presentación en el Congreso de los Diputados, el pasado lunes, 7 de septiembre, por el Grupo Parlamentario Socialista, de una nueva proposición de ley para modificar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en el que se mantiene del Registro Civil como servicio público en el ámbito de la Administración de Justicia, este Sindicato va a reiterar a los grupos parlamentarios su firme compromiso en la defensa de la participación de los Juzgados de Paz (y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz), con funcionarios judiciales, en la nueva organización del Registro Civil recogida en la Ley 20/2011 y que esta participación quede clara y explícita.
El Registro Civil sigue siendo, actualmente, uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía, con posibilidades de mejora en sus funcionalidades y competencias, si se le dota de medios organizativos, materiales y humanos adecuados; está servido por funcionarios preparados y competentes, y vertebra todo el territorio español, al llegar a todos los ámbitos, urbanos y rurales. Y un servicio público que está bien valorado y que funciona bien no puede deteriorarse en una reorganización que “desmantele” todas las competencias de registro civil de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.
