Como
os habíamos informado en su momento, UGT detectó que la Xunta de
Galicia en la nómina de los funcionarios al servicio de la
Administracion de Justicia de Galicia
no incluía el concepto de IPC-GALLEGO, mientras que se estaba
abonando al resto de los funcionarios autonómicos.
Situación que propició que UGT iniciara reclamaciones administrativas en cada una de las grandes ciudades gallegas. Reclamaciones que fueron denegadas por la Dirección Xeral de Xustiza. En consecuencia UGT acudió la vía judicial, presentando las correspondientes demandas contencioso-administrativas encabezadas por delegados de UGT.
La finalidad de las demandas es lograr sentencias favorables que puedan hacer extensivo su fallo a todos los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia.
La primera sentencia, que no es firme, es la del Juzgado de lo Contencioso de Vigo que falla en favor de nuestra compañera Delegada de UGT, Marta González Ramilo.
Enlace a la NOTICIA 23/01/20 en La Voz de Galicia
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