Agilizar la Justicia es imposible si no se incrementan el número de jueces y la dotación de las oficinas judiciales
La experiencia empírica confirma una regla fácil de establecer: los poderes
legislativo y, sobre todo, ejecutivo tienden espontáneamente a limitar todo lo
posible los medios de que dispone el poder judicial para alcanzar sus fines.
Puesto que la Justicia es la encargada de controlar a los demás poderes del
Estado, éstos regatean a aquélla la capacidad de control. En los momentos
presentes, estamos asistiendo a un forcejeo entre la Justicia y la mayoría
política que controla el Parlamento y gobierna la nación. Los jueces están
persiguiendo con tesón los innumerables casos de corrupción que afectan a esa
mayoría, entre críticas más o menos veladas del poder, que se revuelve ante la
exigencia de responsabilidades. Y el Gobierno acaba de anunciar medidas
encaminadas a agilizar el papel de la Justicia, que básicamente pretenden,
mediante la reforma de las leyes de Enjuiciamiento, acortar los procesos: se
pretende que la instrucción de los asuntos penales dure menos de seis meses.
Algo evidentemente imposible si no se incrementan el número de jueces y la
dotación de las oficinas judiciales. Actualmente, la falta de medios de que
dispone la maquinaria judicial es alarmante. Si no se proporcionan más medios,
la medida, lejos de ser una herramienta contra la corrupción, será una nueva
vuelta de tuerca para presionar al poder judicial desde el poder ejecutivo. Como
reza el viejo axioma castellano, no basta con predicar. También hay que dar
trigo.