SE PUBLICA EN BOE LA
LEY QUE CONFIRMA LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
CONCURSO DE TRALADOS
Según nos informa la Subdirección General
de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia está previsto que hoy mismo, 20
de octubre, se faciliten a los
sindicatos las relaciones de adjudicatarios y excluidos del concurso de
traslados convocado el pasado mes de mayo y pendiente de resolución definitiva.
Asimismo se nos ha adelantado que la
publicación en BOE de la resolución definitiva del concurso de traslados sería el 4 de noviembre y los
ceses se producirían:
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El 11 de noviembre los TRAMITADORES.
-
El 17 de noviembre los GESTORES Y AUXILIOS.
SE PUBLICA EN BOE LA
LEY QUE CONFIRMA LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
El pasado
viernes se publicó en el BOE la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (que sustituye al Decretazo-Ley 8/2014, de 4 de
julio), y que culmina, en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo
quinta (págs. 84053 y 84054) , la privatización del Registro Civil,
entregándoselo a los registradores mercantiles. No está de más leerse los
últimos párrafos de la exposición de motivos para comprobar lo trileros que son
los autores de la Ley, al intentar
vender lo invendible.
El
rodillo gubernativo de la mayoría absoluta, en una clara e interesada apuesta
por la privatización del Registro Civil, en un proceso opaco y con
oscuros intereses corporativos y familiares, ha pisoteado las amplias y
diversas voces que se han opuesto, de forma rotunda, a esta privatización:
grupos parlamentarios, colectivos sindicales y sociales, el propio Colegio de
Registradores, Asociaciones de Jueces y Fiscales, Ayuntamientos, ..etc,...
Como
ya os hemos comentado las consecuencias de la imposición de la privatización
del Registro Civil afectará, fundamentalmente:
-
A la mercantilización de un servicio público con más de 140 años de
antigüedad.
-
A abrir la puerta para que el mismo deje de ser gratuito.
-
A la remoción de sus puestos de trabajo de los trabajadores judiciales
afectados que, por imposición, pierden, de un plumazo, los derechos
adquiridos de antigüedad que les permitió elegir su destino.
-
A la destrucción del empleo público y a la reducción de las
posibilidades de movilidad de destino.
-
A la posibilidad de exposición pública de millones de datos
personales/privados, pues los mismos dejan de estar sometidos a la exigencia de
responsabilidades penales y disciplinarias, consustanciales a los deberes
exigibles al empleado público.
Por
todo ello, desde este Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, mantendremos nuestra
más absoluta oposición a este proceso de privatización, utilizando todos los
mecanismos que la acción sindical y jurídica nos permiten.