EL NUEVO MINISTRO, RAFAEL CATALÁ, MANTIENE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
DESDE EL SINDICATO DE JUSTICIA DE LA FSP-UGT SEGUIREMOS
LUCHANDO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN CON LA DENUNCIA DE LA MISMA ANTE LA COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y CON LA PROPUESTA DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR
En
su comparecencia de ayer en la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, el nuevo Ministro de Justicia del Gobierno de España, Rafael Catalá,
mantiene la privatización del Registro
Civil. En su
intervención, el ministro ha recordado que los registradores (en plural, sin distinguir entre los
registradores de la propiedad o los mercantiles) son el “Cuerpo” designado para la gestión del Registro Civil, pero eso
sí, esta vez la entrega se hará desde el
“diálogo con los colegios profesionales” (en plural también, aunque no
sabemos si ha sido un lapsus, pues que sepamos sólo hay un Colegio de
Registradores), según él, sin
necesidad de crear una corporación para articular este proceso , y no al
modo “manu militari”, como pretendía el ex- Ministro Gallardón. Por ello se
comprometió a constituir una comisión mixta integrada por el Ministerio de
Justicia y el Colegio de Registradores.
Según diversas
noticias de prensa (especialmente las facilitadas por INFOLIBRE-PERIÓDICO
DIGITAL) el cambio de rumbo del Ministerio de Justicia se ha producido, tras el
cambio de ministro, después de que el
Consejo de Estado emitiera un dictamen, el pasado 25 de
septiembre, en el que instaba al Ministerio
de Justicia a rehacer, de arriba abajo, el proyecto de Real Decreto
por el que creaba una nueva corporación de derecho público para gestionar el
Registro Civil electrónico.
En
el proyecto del ex-ministro Gallardón, tal como os informábamos en nuestra circular del 15 de julio de 2014, esa
nueva corporación debía ser la encargada de gestionar y pagar el contrato del nuevo sistema
informático integrado del Registro
Civil que, por cierto, acaba de ser adjudicado a las empresas Indra y Telefónica (Indra aportaría el software y Telefónica-Movistar
el soporte tecnológico). Los pliegos del concurso y la elección
final de los adjudicatarios los ha decidido, no el Ministerio de Justicia, sino una empresa dependiente del
Ministerio de Defensa, ISDEFE ( Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). El
procedimiento ha sido negociado y sin publicidad.
Es
decir, ISDEFE parece ser que invitó a
tres empresas a presentarse al concurso, con unas condiciones que son
confidenciales y opacas, es decir que no son de acceso público. Diversas fuentes de prensa sitúan el valor del contrato
en más de 40 millones de euros.
Parece ser, también según la prensa, que la empresa
FUTUVER (la misma que este sindicato, ya en nuestra circular del 19 de febrero de
2014, denunció como posible beneficiaria de la privatización), ya ha ofrecido su experiencia, en software registral, y sus servicios a INDRA. Es decir se ha
ofrecido como subcontratista informático del “proyecto”.
Si no hemos entendido mal, tras las palabras
del nuevo Ministro en su comparecencia en la Comisión de Justicia, la Corporación que iba a gestionar la
plataforma digital de acceso al futuro registro civil privatizado ha sido
fulminada, por lo que el Ministro Catalá
y el Gobierno deberá decidir ahora, con o sin
el consenso del Colegio de Registradores, quién va a gestionar y financiar esa
plataforma digital/informática de acceso al privatizado registro civil.
Es
necesario no olvidar que, según informaciones de prensa, la constitución de la
citada Corporación y la adjudicación del
contrato para la creación de la plataforma digital (no nos deja de asombrar que
el contrato haya sido calificado de interés estratégico nacional), han
sido la causa de la declarada “guerra
abierta” que enfrentaba, por un lado,
a la facción mayoritaria del Colegio de
Registradores y, por el otro, al anterior
equipo ministerial, comandado por el ex-ministro Gallardón y el todavía no
destituido Director General de los Registros y el Notariado. El enfrentamiento
se extendió, incluso, entre los propios
registradores, buena parte de los cuales, los ampliamente mayoritarios, veían en la reforma y en la adjudicación opaca una maniobra para beneficiar a una empresa, Futuver,
a la que se relaciona con los
registradores que trabajan desde 2012 en la Dirección General de los Registros
y el Notariado, con una asociación profesional denominada Arbo y,
finalmente, con Enrique Rajoy,
hermano del presidente del
Gobierno y también registrador de la propiedad, como él.
Ante
ello, por nuestra parte, añadidas a las acciones ya emprendidas de las
movilizaciones, que deberán incrementarse si cuentan con el apoyo de los
trabajadores judiciales; de la difusión
en prensa de nuestra postura absolutamente contraria a la privatización del
Registro Civil, que lo queremos público, gratuito y con funcionarios
judiciales; de contactar con los grupos parlamentarios que se oponen a la
privatización, para la presentación de
un recurso de inconstitucionalidad contra el Decretazo-Ley 8/2014, de 4 de julio; de reunirnos, junto con otros sindicatos, con
la Defensora del Pueblo con el mismo fin, al que la misma se ha negado ya; de integrar esta oposición a la privatización,
junto con otros sindicatos y colectivos., en plataformas civiles y sociales,…, vamos
a ejecutar las nuevas acciones de denuncia ante la representación española de
la Comisión de las Comunidades Europeas, y a estudiar las posibilidad de
presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante la Mesa del Congreso de los
Diputados en la que se defienda, con absoluta nitidez, la consideración del Registro Civil como un
servicio íntegramente público y gratuito, y gestionado por funcionarios judiciales.