Es posible que estemos ante una corrupción política mediante la captura del
regulador
Miguel Ángel Aguilar
26 NOV 2012 - 20:02 CET
Ni siquiera sometida al quinto grado en el interrogatorio que siguió al
Consejo de Ministros fue posible que la vicepresidenta y portavoz se aclarara el
viernes pasado, día 23, en torno al llamado borrador de la UDEF (Unidad de
Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía), atribuido a la
policía, donde se implicaba al candidato Artur Mas en comisiones y cuentas en
Suiza y en Liechtenstein. Sus respuestas parecían atenerse al principio de que
todo aprovecha para el convento (o para la campaña electoral). Veremos cómo
lidia el próximo viernes, día 30, este otro borrador para la Reforma Integral de
los Registros, elaborado por la Dirección General de los Registros y del
Notariado. Porque pudiera revelarse como un caso de corrupción política mediante
el procedimiento de la captura del regulador. Leer mas....
Sostiene Wikipedia que la anterior expresión se refiere a la influencia de
las empresas dominantes en un determinado sector sobre la(s) agencia(s)
gubernamental(es) a cuyo control se encuentran sometidas. El fenómeno incluye
desde el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada hasta la
prevaricación de las agencias a favor de los intereses del actor dominante.
Sucede que el regulador se convierte en defensor de los intereses del actor (la
empresa dominante), creando barreras de entrada para las empresas competidoras,
atribuyéndole privilegios legales, monopolios, haciendo concesiones al protegido
e influyendo en el proceso legislativo para que le sea lo más favorable posible.
Comportamientos de esta naturaleza evidencian a menudo una relación estrecha
entre los altos cargos del organismo regulador y la empresa favorecida, a través
de vínculos familiares, profesionales o personales.
Para confirmar esa captura en nuestro caso conviene atender al número y rango
de los políticos implicados y a las multimillonarias cifras que generaría este
pingüe negocio del Registro Civil entregado al disfrute de un grupo profesional
privilegiado. De modo que el registrador cobraría y se enriquecería por cada
ciudadano que naciera, creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara
poderes, hiciera testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera. Por
ejemplo, los cónyuges al casarse tendrían que pagar 500 euros al registrador por
asumir funciones que hasta ahora desempeñaban los párrocos. El notario, si fuera
diligente, debería advertir a los contrayentes que cuiden de no consumar el
matrimonio hasta que haya sido inscrito, dado que —según el anteproyecto de ley—
no estarían casados frente a nadie hasta que se verificara la inscripción, cuyo
arancel sería incrementado por el registrador con cada obstáculo que pudiera
encontrar o inventar. Además, cada vez que alguien pidiera una certificación de
matrimonio o de nacimiento o de lo que fuere, estaría obligado a pasar por la
caja registral. El pago de la factura, en vez de sufragar el coste del servicio
y de los funcionarios que lo prestan, pasaría al registrador, a quien
correspondería contratar personal laboral no sometido al estatuto de
funcionario, poseer la facultad de curiosear en lo más íntimo de las vidas
ajenas, pagar los gastos de la oficina y quedarse el resto para su bolsillo.
Así, el proyecto que comentamos entregaría a los registradores de la
propiedad y mercantiles, sin previo concurso público, la explotación comercial
del Registro Civil. De modo que en plena crisis unos funcionarios, que actúan
como profesionales aunque en un régimen de absoluto monopolio, vendrían a
apropiarse de un negocio sin prima de riesgo alguna a costa de todos los
españoles, dando así cumplimiento a las ambiciones de este cuerpo y de su
Colegio Nacional. Un simpático colectivo que, tras ser sancionado por la Agencia
de Protección de Datos y perseguido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no
parecería el más indicado para explotar en su beneficio un servicio público de
esta trascendencia y de paso convertir en rehenes de su codicia a todos los
ciudadanos.
Son tiempos de crisis, pero aunque fueran de bonanza carece de sentido
incrementar los costes que gravarán a los usuarios del Registro Civil para
reforzar el estatus millonario de un grupo de privilegiados —los integrantes del
Cuerpo de Registradores de la propiedad y mercantiles— que, a tenor del
anteproyecto, parecería tener abducido a un Gobierno presidido por un miembro de
la fratría. Habríamos pasado así limpiamente del “tasazo” judicial al
“arancelazo” registral, sin que pueda alegarse reducción de costes de los
salarios públicos, habida cuenta de que los funcionarios hasta ahora encargados
de las tareas del Registro Civil deberán ser reubicados en otros departamentos
del ministerio, sin alivio para las arcas del Estado. Continuará.