UGT exige la apertura de la negociación inmediata del anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa
UGT y el resto de los sindicatos representativos en justicia (CCOO,CSIF,STAJ,CIG,ELA) mantuvimos una reunión informativa con el Ministerio en relación con los fondos provenientes de la Unión Europea y con la Ley de Eficiencia organizativas de la Administración de Justicia.
Lo más relevante de la jornada de ayer
fue lo relativo a la Ley de Eficiencia Organizativa de la
Administración de Justicia, donde el Ministerio descubrió sus cartas sobre el
impacto que esta Ley tendrá para el personal de Justicia y sobre la nueva
organización funcional de las oficinas judiciales, con la aparición del
Tribunal de Instancia y las Oficinas de Justicia Municipal, así como la
implementación definitiva en todo el territorio de la Nueva Oficina Judicial,
que incluye la transformación de las UPADs en Unidades Procesales de
Tramitación y Servicios Comunes.
El Ministerio, sin
prever ni contar con la preceptiva negociación colectiva de las condiciones
laborales del personal, ha diseñado un cronograma para implementar los
Tribunales de Instancia y las nuevas oficinas en tres fases que tendrá que
concluir en julio de 2023, en todo caso, para poder aprovechar los fondos de la
UE.
Desde UGT exigimos negociar ya, el texto
normativo de la Ley de Eficiencia Organizativa y denunciamos que de ninguna
manera se van a aceptar, ni prisas ni hechos consumados, toda vez que en el
mismo texto hay varios preceptos que afectan fundamental y negativamente a las
condiciones de trabajo y a la definición de los centros de destino actuales.
La norma según su redacción actual no
garantiza a los funcionarios y funcionarias la elección de los centros de
destinos tal y como los conocemos, ya que sólo recoge como tales las
localidades, en general, sin especificar sectores o áreas (que serían los
actuales juzgados por órdenes jurisdiccionales o las UPADs o servicios comunes
de las oficinas judiciales), ni garantiza tampoco que se puedan seguir
percibiendo las actuales retribuciones según el destino, al introducir el
concepto de “única área” que conllevará “cierta movilidad” involuntaria.
Con respecto a la transformación de los
Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en los Municipios, se introduce para
casi todos los casos el puesto deslocalizado, es decir que desde un
puesto se atiende carga laboral de la oficina municipal y de algunos servicios
comunes del Tribunal de Instancia del partido judicial donde radique la
oficina, como puedan ser por ejemplo funciones de registro y reparto, lo que
supondrá inevitablemente una mayor carga de trabajo.
Desde UGT no
compartimos ni el fondo ni la forma de esta reestructuración, que recae sobre los
hombros de las funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia,
toda vez que según su pretensión existirán puestos que compartan RPTS en dos servicios
diferentes. Para UGT esto tal y como está recvogido, esto es una irregularidad
y exigimos que se concreten y aclaren las pretensiones del Ministerio en
relación con este asunto.
En relación con los
fondos provenientes de la Unión Europea, la pretensión del Ministerio es
aplicarlos a la puesta en marcha de los proyectos que configuran su plan de
Justicia 2030, distribuyéndolos entre las Comunidades Autónomas transferidas
para implantar 13 subproyectos de las Justicia 2030, para financiar la puesta en
marcha de los Tribunales de Instancia, las oficinas de justicia municipal y las
Nuevas Oficinas Judiciales. Y con respecto a la Eficiencia Digital, proveer de
equipos informáticos y herramientas tecnológicas a todos los territorios para
la realización telemática del mayor número de juicios y otros actos judiciales.
UGT alegó
inmediatamente en la misma reunión su rechazo a las pretensiones del Ministerio
tal y como se recogen en el anteproyecto, no aceptando las explicaciones
verbales y las pretendidas bondades del mismo. Por eso exigimos:
1º.- La inmediata
constitución de la mesa sectorial de negociación con los
sindicatos para discutir y modificar aquellos artículos que son lesivos a los
derechos de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia.
2º.- Instamos al
equipo Ministerial que presente un calendario realista que
incluya todos los aspectos relativos a definición de RPTs, acoplamientos, y
demás proyectos legislativos.
3º.- Exigimos una
nueva negociación de las funciones de cada cuerpo que se verán
afectadas por el Proyecto Justicia 2030 y para su adaptación a las RPTs que se
tienen que negociar.
4º.- UGT reclama que
este anteproyecto no puede soslayar que su aplicación tiene que venir de mano
de la instauración de la carrera profesional sin olvidar la
necesaria especialización del personal de Justicia que el Ministerio quiere
atomizar.
5º.- En relación con
las nuevas necesidades de personal que conllevará la creación de las nuevas
oficinas de Justicia Municipal, por parte de UGT hemos exigido al
Ministerio que se convoque inmediatamente el proceso Extraordinario de
promoción interna del Acuerdo de 2018, incluyendo esas plazas para el
Cuerpo de Gestión Procesal.
6º.- También hemos
reclamado que se recoja nuevamente en el artículo 521 de la LOPJ como centros
de destino la MUGEJU y el Registro Civil, que han hecho desaparecer
graciosamente; así como la inclusión de la Oficina Fiscal Europea, la Oficina
de Justicia Municipal y la Unidad Covid del Ministerio de Justicia.