UGT en solitario, ha
presentado reclamación
administrativa (el pasado día 28 de febrero) para que se reconozca el
derecho de todos los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia de Galicia a percibir la cuantía correspondiente al IPC
Galego así como el abono de las cantidades correspondientes a los
cinco últimos años con sus respectivos intereses legales.
El personal funcionario que presta servicios en la Comunidad Autónoma
de Galicia, y que por tanto es retribuido con cargo a los
presupuestos de la comunidad, viene percibiendo desde el año 1992 un
importe en concepto de “IPC Galego” (tal y como queda reflejado
en sus nóminas).
Los únicos funcionarios que actualmente no están percibiendo tal
retribución es el personal al servicio de la Administración de
Justicia (cuerpos de Médicos Forenses, Gestores, Tramitadores y
Auxilios judiciales), que fue traspasado a la comunidad autónoma en
1997 y que tienen igual derecho que el resto del personal de la Xunta
de Galicia a que se les abonen las cantidades correspondientes al
“IPC Galego”.
Tomando como referencia los sueldos anuales del personal al servicio
de la Administración de Justicia, y dependiendo del cuerpo, la
antigüedad y el destino, el IPC Galego se cuantificaría entre 100 y
150 euros anuales. Y los atrasos de estos cinco últimos años entre
500 y 800 euros por funcionario.
