Con nocturnidad y alevosía, en un
sábado de julio y por Decreto-Ley, el Gobierno del Sr. Rajoy ha decretado,
unilateralmente, la privatización del Registro Civil, tras más de 143 años de historia como servicio
público prestado por el Estado. La entrega “manu militari”, de su llevanza y gestión, a los registradores mercantiles (pues los
registradores de la propiedad, de nuevo, en un
comunicado del Colegio de Registradores del 4 de julio, se niegan a asumir tal competencia) se aprobó
el pasado viernes en Consejo de Ministros y se publicó en el BOE del sábado,
escondida entre las disposiciones
adicionales del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La aprobación de este Real Decreto-Ley supone:
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Privatizar un servicio público,
poniendo en las manos de una Corporación de Registradores Mercantiles millones de datos personales y privados de
todos los españoles, que hasta ahora cuentan con el control del Estado. Es
necesario no olvidar que los registradores actúan como empresas organizadas,
que pueden contratar o despedir a sus empleados, que no son funcionarios, y que por lo tanto no tienen el deber de
secreto, ni pueden ser juzgados penalmente por su revelación.
-
Privatizar un servicio público
que funciona óptimamente, que llega al último rincón de España, y que cuenta con el apoyo de toda la
ciudadanía. Un servicio público en el que se han invertido más de 130 millones
de euros en la última década, para su modernización tecnológica. Inversión
de la que se van a aprovechar sus nuevos “propietarios” .
-
El apoyo del Gobierno a las
mentiras del Ministro de Justicia cuando justifica la privatización del
registro civil en las quejas ciudadanas por su mal funcionamiento y de las que,
maliciosa e intencionadamente, oculta su
contenido. Dicha quejas se refieren, exclusivamente,
a las solicitudes de nacionalidad por residencia,
en un
número que llegó a superar, en un
momento dado y puntual, , que no hoy, el medio millón de solicitudes, cuando dichos
registros carecían de los medios suficientes para su tramitación (medios
humanos y tecnológicos necesarios que el Sr. Gallardón se negó a proveer). Es
necesario tener en cuenta que los expedientes de nacionalidad no suponen ni el
10 % del trabajo que soportan los registros civiles.
Añadiendo,
además, las siguientes consecuencias:
-
Con la privatización el ciudadano
tendrá que pagar por un servicio hasta ahora gratuito, puesto que, hasta hoy, los registros civiles se financian, vía
impuestos, desde los Presupuestos Generales del Estado. Los costes de gestión y funcionamiento, en
manos de los registradores mercantiles, lo tendrán que pagar los ciudadanos
cuando el Gobierno lo decida. Lo que podría ocurrir en cualquier momento o una vez
finalice el período electoral previsto
para los años 2014-2015. Además hay que tener en cuenta que las sedes de los
registradores mercantiles son limitadas y reducidas , y por lo tanto el
ciudadano no tendrá, como ahora, su
registro civil en la sede de cada Juzgado de Paz, que desaparecen como sedes
registrales, por lo que se tendrá que
desplazar, como mínimo, hasta la sede
registral, por ejemplo, en todos los casos en los que sea necesario sus
presencia física (por ej. para el otorgamiento de las fe de vida y estado que
se le requieran,…..).
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La privatización del registro
civil supondrá el trasvase de más de 3.000 funcionarios, en toda España, desde
su actual destino, en los registros civiles, a los nuevos que ocupen, una vez
sea efectiva la privatización , lo que
provocará no solamente la aplicación retroactiva de derechos de destino
adquiridos y la reordenación obligatoria sin la aprobación de las RPTs
correspondientes, sino el efecto cascada
de desplazamiento y cese de todos los funcionarios interinos que ocupen plazas
vacantes. Efectos que, pesar de afectar
directamente a las condiciones de trabajo de los empleados judiciales, no han
sido negociados previamente en las mesas de negociación, pues la privatización
se ha acordado ya por un decretazo.
Por
todo ello UGT se opone radicalmente a esta decisión y va a tomar todas las
iniciativas necesarias, de acción sindical y jurídica, para combatir esta decisión que lo único que
persigue es privatizar el Registro Civil y entregar el mismo a un lobby
influyente dirigido por altos cargos del Ministerio de Justicia y que tienen
fuertes intereses económicos para defender, aún con el rechazo mayoritario del
Colegio de Registradores, tal medida.