El
Gobierno, con un cinismo digno de los dioses, anunció la semana pasada, a bombo y
platillo, la creación de “300 nuevas
plazas de jueces” para acabar con la corrupción. El pasado sábado, día 1, el
BOE publicaba el Real Decreto 918/2014,
de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos
colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y
constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las
necesidades existentes.
Las 300 dichas se han quedado en 282 escritas. Pero ojo, las plazas no son de nueva creación, sino
que lo que hace el Real Decreto es regularizar las situación de plazas de
jueces que llevan tiempo incorporados (desde las últimas oposiciones), es decir
que ya están trabajando, en la situación irregular de expectativa de
destino, sustituyendo o reforzando
otros juzgados o tribunales, con la particularidad añadida de que la gran
mayoría de las plazas no pertenecen a la jurisdicción penal. Por lo tanto no se crean nuevos juzgados, a excepción de 3 juzgados de lo penal, uno por
cada población, en Huesca, Palma de
Mallorca y Tortosa (como si en Galicia no fueran urgentemente necesarios). El Real Decreto publicado lo dice muy claro:
“Por razones presupuestarias para reducir el
déficit público, en los años 2011, 2012 y 2013 (habría que añadir “y lo que
llevamos del 2014”) no se ha procedido la creación de nuevas unidades
judiciales, por lo que la planta judicial no se ha incrementado en estos años mientras que, por el contrario, han
seguido incorporándose nuevos miembros de la carrera judicial, como
consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso, proceso
necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales existentes e
igualar el promedio de número de
jueces por número de habitantes con otros países de nuestro entorno.
Esta situación
ha originado un desequilibrio entre los
miembros de la carrera judicial que se encuentran en
activo y el número de unidades judiciales creadas en la planta judicial y de
plazas
de juez de adscripción territorial que se les
pueden ofertar, existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a
todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo. Ello ha generado un elevado número de jueces en expectativa de destino, cuya
situación es preciso regularizar, mediante la creación de plazas.
Esta creación no conlleva incremento presupuestario,
criterio que ha sido determinante al concretar las plazas que se crean en el
presente real decreto, puesto que lo que se pretende es destinar
definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y
actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes
figuras reguladas en nuestro derecho orgánico judicial, como las comisiones de
servicio, los refuerzos, o las sustituciones.”
Esta
confirmación de lo existente, la de que en los tres últimos años no se haya
creado ningún juzgado en España, nos
sigue dejando muy lejos del número de jueces y juzgados necesarios para equipararnos con la media
europea. En España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa son cerca
de 20 los jueces por cada 100.000 habitantes. Parece que desde el año 2011, los
distintos gobiernos (el PSOE en el 2011 y el PP desde noviembre de 2011 hasta
la fecha) le tienen alergia a la creación de empleo público, a pesar de que la
sobrecarga media total, del 45% de los
juzgados y tribunales españoles, es
superior, en un 150%, a los módulos
señalados por el propio CGPJ. Estudios y asociaciones judiciales y entidades
sociales y profesionales demandan la
creación urgente de 550 plazas de jueces y fiscales , más la reposición de las más
de 200 plazas que quedan vacantes cada año, con la creación de nuevos juzgados
y secciones de tribunales, para que la
Justicia en España pueda ser una
Justicia rápida, eficaz y de calidad, y no desbordada y lenta, con los efectos
sociales que conlleva.
Y lo más grave, que no es poco, no es lo anterior,
sino que es que la dotación de estas 279 plazas no se han visto, en ningún caso, acompañadas de la creación de
nuevas plazas (o sea, de ninguna plaza) de funcionarios de los Cuerpos de
Secretarios Judiciales , ni de los Cuerpos
de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, Médicos Forenses,…. Lo más que se ha creado, en un número
insignificante de casos, es un número de
refuerzos, de funcionarios judiciales, que no llegan ni al 1,5 % de las
plantillas orgánicas. En definitiva, ni se crean nuevas oficinas judiciales, ni
se crean plazas de funcionarios para las mismas. ¡ Y después se quejan del
desempleo !.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT viene
denunciando desde hace ya muchos años, que los gobiernos mantienen la consigna,
en el mejor de los casos, de crear unas pocas plazas de jueces (cuando no se
acude a la vía de la ampliación de la productividad remunerada para jueces y
magistrados) sin funcionarios judiciales de apoyo. Muchos más jefes, muchos menos
indios, para que todo siga igual: la sobrecarga de trabajo, el atraso y el eterno abandono en el que se encuentra la
Justicia en España.