UGT CONFIRMA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE ADELANTE CON SU PROYECTO DE PRIVATIZAR EL REGISTRO CIVIL
El Sindicato de Justicia de la UGT tiene información sobre la remisión de cartas, por parte de determinados registradores de la propiedad, al Ministerio de Justicia, en la que le solicitan la asignación del Registro Civil. Asimismo, podemos confirmar que dicha petición ha sido realizada, también y a la vez, por un grupo de Registradores Mercantiles destinados en las grandes ciudades, (lo que ratifica lo que ya apuntábamos en nuestra anterior información). Estas comunicaciones se están remitiendo al margen del Colegio Oficial de Registradores y después de la ruptura de las negociaciones entre dicho Colegio y el Ministerio de Justicia. Esta ruptura estuvo motivada, al parecer, por la falta de acuerdo sobre la financiación de la “explotación” del Registro Civil (ya que los registradores pedían que se les retribuyera sus servicios vía aranceles o vía Presupuestos Generales del Estado y el Ministerio negaba la misma) y por otras causas que os comentábamos en la anterior circular. Según las informaciones que posee UGT, el Sr. Gallardón sigue empecinado en que los registradores (de la propiedad y mercantiles) deben ser los encargados de las Oficinas del Registro Civil y para ello se va a dirigir a los Registradores Mercantiles.
La situación que puede provocar el Ministro Gallardón con su decisión puede ser de escándalo, pues podría ocurrir que en una ciudad determinada un registrador quiera asumir el Registro civil y en otra no. ¿Se puede imponer por decreto a todos lo que sólo unos pocos quieren?. ¿Se puede “trozear” el Registro Civil como si fuese una concesión administrativa?. ¿Se puede gestionar bien un servicio público, en el que se accede a la información personal e íntima de millones de personas, por alguien a quien le ha sido impuesto en unas condiciones, a priori, y según la mayoría de ellos, inaceptables?
Este Sindicato de Justicia de la UGT se sigue preguntando por qué el Ministro Gallardón insiste y persiste en su actitud de privatizar el Registro Civil, cuando se encuentra con tantos obstáculos y divergencias, y cuando, además, no existen razones de mejora que lo pueda justificar, puesto que el Registro Civil, en la actualidad, funciona muy satisfactoriamente. La única justificación que podemos intuir es que intereses económicos y mercantiles, relacionados estos últimos con la plataforma informática de gestión, o personales, por la cercanía de familiares, amigos y allegados, pesan más en esa decisión privatizadora que los intereses generales de los ciudadanos.
Para UGT es importante que la sociedad sepa que se les va a privatizar un servicio público, otro más, que funciona bien, y que es muy cercano a su residencia, con el coste que ello va a suponer para los usuarios del mismo, para los trabajadores y para todos los ciudadanos, por la información tan delicada que contiene, y que nuestra oposición a esa privatización justifica nuestra actitud de rechazo a la misma, por lo que seguiremos con las acciones de información a los ciudadanos, de protesta en los centros de trabajo, y manteniendo y ampliando los contactos con otros colectivos y organizaciones que se oponen, asimismo, a la privatización, estableciendo un frente común de resistencia por mantener al Registro Civil como un servicio público.
Por último reiterar que este Sindicato de Justicia de la UGT promoverá las acciones judiciales necesarias en caso de que el Ministro Gallardón llegue a culminar su objetivo de privatizar el Registro Civil. Desde UGT pensamos que existen elementos suficientes para plantear su inconstitucionalidad.