El Gobierno ´popular´ ultima su reforma fiscal a medida de ricos y poderosos.
El Gobierno ha filtrado esta semana gran parte de la
propuesta de reforma fiscal que presentará Mariano Rajoy en el debate sobre el
Estado de la Nación de la próxima semana. Todas las medidas propuestas, sin
excepción, suponen un fuerte ahorro fiscal a contribuyentes de alto nivel
adquisitivo, condenando al país a una fuerte minoración de los ingresos que
deben sostener el Estado del Bienestar.
El PP ni es un partido social, ni es el partido
de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan
claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño
grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas, según constata
en un comunicado la sección sindical de UGT en la Agencia Tributaria tras
conocerse los detalles del proyecto de Reforma Fiscal que diseña el ministerio
de Hacienda.
Las medidas que piensa imponer el Gobierno del Partido
Popular son las siguientes:
Mínimos vitales
Cada familia reducirá de sus ingresos declarados una
cantidad por cada hijo (3.000 euros aproximadamente). Esta medida no tiene
ningún efecto en clases medias o bajas que no están obligadas a declarar o que
tienen pocos ingresos. Sin embargo, las familias con rentas altas ahorrarán en
impuestos por cada hijo en función del tipo impositivo que pagan. Es decir, el
hijo de una familia de rentas altas genera un ahorro del 52% (1.560 euros por
cada hijo), mientras que el hijo de familias con rentas medias solo ahorra un
30-20%(900-600 euros por cada hijo) según el nivel de renta total.
Esta situación supone una grave discriminación,
provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por
el ahorro que se genera a las clases altas.
El hecho de que la media de hijos de las clases altas
sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación
sea aún mayor.
Deducciones de gastos sanitarios y educativos privados
La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y
educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.
Esta medida supone una fuerte minoración de los
ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que
utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.
De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes
que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son
aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.
Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro
exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.
Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a
unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y
educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios
y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas
empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos
económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.
El argumento de la presunta descarga de usuarios de la
sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo
es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical
de los servicios públicos por parte de este Gobierno.
Más beneficios para planes de pensiones privados
El Gobierno pretende beneficiar aún más a los
contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones
privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales
(12.500 euros para mayores de 50 años).
El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas
condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente
regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy
altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de
pensión privado?
El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses
de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque
claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un
pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y
el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o
educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar
“el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a
España”.
Desde la UGT en la Agencia
Tributaría se asegura que “no estamos dispuestos a permitir que este Gobierno
desmantele el Estado del Bienestar”, y que, además, “lo haga vulnerando los
principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio.”