MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los empleados públicos de la Administración de Justicia han comenzado este mediodía una recogida de firmas en los juzgados de Plaza Castilla (Madrid) en defensa del "servicio público" de la Justicia y en rechazo a la nueva Ley de Tasas Judiciales puesta por en marcha por el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón.
Representantes de la plataforma sindical, formada por CSIF, CCOO, STAJ y UGT, han afirmado que con esta "campaña masiva", que concluirá el próximo 19 de enero con una manifestación a nivel estatal frente al Ministerio de Justicia y la entrega de dichas firmas, quieren hacer partícipe "a toda la ciudadanía" de la defensa de los servicios públicos.
Así se ha expresado el actual responsable del área de Justicia del sindicato CSI-F, Francisco Lama, quien ha manifestado que está "totalmente en desacuerdo" con la reforma de la Justicia puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que derivará en la "privatización del acceso de la Justicia" a los ciudadanos.
En esta línea se ha expresado Javier Hernández, del sector de administración de Justicia de Comisiones Obreras, quien ha declarado que esperan obtener el apoyo masivo de millones de ciudadanos, ya que las firmas no sólo se van a recoger en los centros de la Administración de Justicia y ha manifestado que Gallardón "miente claramente" cuando defiende que el Ejecutivo va a garantizar la Justicia "para todos".
"Se va a encarecer el servicio de forma brutal; el proyecto de tasas es tan grave que excluye prácticamente a los ciudadanos que tengan salarios por encima de los 1.100 euros y podría ocurrir que con este salario tuvieran que pagar más de 500 euros de tasas", ha detallado Hernández, quien ha recalcado que se puede hablar de "privatización de la Justicia".
Por su parte, Alberto García miembro del sindicato STAJ, ha considerado que la Ley de Tasas Judiciales va a conllevar el "desmantelamiento de los servicios públicos" y ha añadido que "la única posibilidad de defensa que tiene el ciudadano hoy por hoy es a través de la administración de Justicia".
Así las cosas ha denunciado la "externalización y clara privatización" del Registro Civil, que va a suponer que cada vez que el ciudadano acuda al registro va a abonar una tasa, que a su juicio es desproporcionada. "Desde STAF pedimos la dimisión --de Gallardón-- y un interlocutor válido", ha agregado.
LA MEDIACIÓN, "SALIDA PRIVATIZADORA"
Preguntado por la nueva regulación de la mediación civil y mercantil, García ha manifestado que se trata de una "salida privatizadora" que evita el normal funcionamiento de los tribunales. "La solución no pasa por cómo se quiere aplicar la mediación; el problema principal es la falta de inversión de 30 años en una administración de Justicia que lo que necesita es una modernización", ha sentenciado.
El responsable de Justicia del sindicato UGT, Juan Carlos Paniagua, ha hecho hincapié en la necesidad de "sensibilizar" sobre el incremento de las tasas judiciales ya que, en su opinión, implica "un impedimento del Estado al acceso del ciudadano a la Justicia".
Los representantes sindicales han convocado a todos los profesionales de la administración de Justicia --jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios-- además de ciudadanos, a participar en el calendario de movilizaciones que la plataforma continuará en los próximos meses con paros y protestas.