MUGEJU:
El Gobierno pretende la suspensión para 2013 de las ayudas para personas mayores dependientes, discapacitados y drogodependientes, así como del subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públlicas presentó a la Mutualidad General Judicial para informe el 21 de septiembre pasado una propuesta de Disposición Adicional a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en virtud de la cual quedarían suspendidas para el año 2013 el reconocimiento y abono de los subsidios por jubilación y defunción, la ayuda por gastos de sepelio, las prestaciones sociosanitarias (programas de atención a personas mayores, de atención a personas con discapacidad y a drogodependientes), la ayuda para adquisición de vivienda y los programas de tercera edad de las tres Mutualidades (MUGEJU, ISFAS y MUFACE) y los programas análogos que reconocen los fondos especiales integrados en dichas Mutualidadades.
Hay que recordar que MUGEJU suspendió con efectos 1 de agosto de 2012 las ayudas por préstamos hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores
La Gerencia de MUGEJU ha informado negativamente con fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de estas prestaciones asistenciales por considerar que la asistencia social de las personas mayores, discapacitados y enfermos toxicológicos forma parte de prestaciones esenciales al hallarse vinculadas a los servicios sanitarios básicos en la medida en que, en sus correspondientes ámbitos, representan su continuidad y garantizan la plenitud del sistema de protección integral a los ciudadanos que -conforme a los requerimientos constitucionales y las recomendaciones de organismos supranacionales e internacionales de que forma parte nuestro país- está llamada a prestar nuestra Seguridad Social en el marco del estado social de derecho.
Las tres prestaciones eventualmente afectadas están dirigidas a atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración, no asumibles por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes para costearlos privadamente. Su concesión, pues, está baremada a partir de la constatación y evaluación de la concurrencia en el mutualista de requisitos personales y sociales como la situación socio-familiar, el nivel de dependencia, los ingresos económicos, la edad, o variables representativas de los recursos privados como la vivienda. Se trata, asimismo, de ayudas incompatibles con cualesquiera otras prestaciones procedentes de entidades u organismos públicos.
El gasto presupuestado para atender las prestaciones analizadas representa, respecto del presupuesto total de este organismo en el año en curso, un porcentaje mínimo. La repercusión de su proyectada suspensión, en términos financieros, no guarda proporción con el impacto que implicaría para la atención debida a unas contingencias particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios públicos, que ya han se han visto afectados de forma notable por otras medidas de reducción del gasto.
Así pues, incluso en el actual escenario económico, marcado por la necesidad de contener el gasto público, y la exigencia de adoptar decisiones a menudo comprometidas y difíciles es preciso evaluar cuidadosamente la oportunidad de esta suspensión proyectada, para evitar la producción a medio o largo plazo de efectos perversos o contraproducentes.
El Gobierno pretende la suspensión para 2013 de las ayudas para personas mayores dependientes, discapacitados y drogodependientes, así como del subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públlicas presentó a la Mutualidad General Judicial para informe el 21 de septiembre pasado una propuesta de Disposición Adicional a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en virtud de la cual quedarían suspendidas para el año 2013 el reconocimiento y abono de los subsidios por jubilación y defunción, la ayuda por gastos de sepelio, las prestaciones sociosanitarias (programas de atención a personas mayores, de atención a personas con discapacidad y a drogodependientes), la ayuda para adquisición de vivienda y los programas de tercera edad de las tres Mutualidades (MUGEJU, ISFAS y MUFACE) y los programas análogos que reconocen los fondos especiales integrados en dichas Mutualidadades.
Hay que recordar que MUGEJU suspendió con efectos 1 de agosto de 2012 las ayudas por préstamos hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores
La Gerencia de MUGEJU ha informado negativamente con fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de estas prestaciones asistenciales por considerar que la asistencia social de las personas mayores, discapacitados y enfermos toxicológicos forma parte de prestaciones esenciales al hallarse vinculadas a los servicios sanitarios básicos en la medida en que, en sus correspondientes ámbitos, representan su continuidad y garantizan la plenitud del sistema de protección integral a los ciudadanos que -conforme a los requerimientos constitucionales y las recomendaciones de organismos supranacionales e internacionales de que forma parte nuestro país- está llamada a prestar nuestra Seguridad Social en el marco del estado social de derecho.
Las tres prestaciones eventualmente afectadas están dirigidas a atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración, no asumibles por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes para costearlos privadamente. Su concesión, pues, está baremada a partir de la constatación y evaluación de la concurrencia en el mutualista de requisitos personales y sociales como la situación socio-familiar, el nivel de dependencia, los ingresos económicos, la edad, o variables representativas de los recursos privados como la vivienda. Se trata, asimismo, de ayudas incompatibles con cualesquiera otras prestaciones procedentes de entidades u organismos públicos.
El gasto presupuestado para atender las prestaciones analizadas representa, respecto del presupuesto total de este organismo en el año en curso, un porcentaje mínimo. La repercusión de su proyectada suspensión, en términos financieros, no guarda proporción con el impacto que implicaría para la atención debida a unas contingencias particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios públicos, que ya han se han visto afectados de forma notable por otras medidas de reducción del gasto.
Así pues, incluso en el actual escenario económico, marcado por la necesidad de contener el gasto público, y la exigencia de adoptar decisiones a menudo comprometidas y difíciles es preciso evaluar cuidadosamente la oportunidad de esta suspensión proyectada, para evitar la producción a medio o largo plazo de efectos perversos o contraproducentes.