UGT ha presentado el 4 de mayo ante la Dirección Xeral de Xustiza un escrito en relación con la situación generada sobre con la tramitación de la violencia de género tras la implantación del nuevo modelo organizativo judicial derivado de la Ley Orgánica 1/2025 en el Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.
La supresión del Juzgado de Instrucción nº 3, especializado en violencia sobre la mujer (VSM), no ha supuesto la desaparición de los asuntos que tramitaba. Estos continúan activos y están siendo gestionados por el personal de este juzgado, ahora integrado en el Servicio Común de Tramitación (Área Penal), pero sin habilitación específica ni retribución correspondiente en materia de violencia de género.
Actualmente, seis funcionarias están asumiendo una carga de trabajo que anteriormente tramitaban nueve personas, combinando sus funciones ordinarias con la tramitación de asuntos de VSM, lo que UGT considera una situación irregular, insostenible y responsabilidad directa de la Administración.
El sindicato advierte de que esta organización del trabajo vulnera el principio de especialización, genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la calidad del servicio público, especialmente en un ámbito tan sensible como la violencia de género, que exige una atención urgente y especializada.
Ante esta situación, UGT ha solicitado de forma urgente:
- La creación de un equipo de refuerzo temporal de al menos cuatro personas, con habilitación y complemento específico de VSM.
- Que dicho equipo se dedique exclusivamente a tramitar los asuntos pendientes procedentes del antiguo juzgado hasta su finalización.
No se puede sobrecargar ni al personal de la nueva Sección de Violencia, que ya asume el trabajo de siete partidos judiciales, ni a las trabajadoras del antiguo Instrucción 3.
La tramitación de VSM requiere de personal específicamente habilitado y en condiciones que garanticen la calidad del servicio.
UGT exige el nombramiento de equipo de refuerzo de forma inmediata, ya que es la única manera de garantizar tanto los derechos del personal como la adecuada atención a las víctimas.
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