UGT,
en relación a los actos de comunicación y ejecución fuera de la
sede judicial (notificaciones, citaciones, emplazamientos,
requerimientos, embargos…) y su transcendencia en términos de
salud, dado el complicado momento que estamos viviendo como
consecuencia de la pandemia por COVID-19, ha trasladado a la
Dirección Xeral de Xustiza y a la comisión de seguimiento del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia escritos
en los que se recoge: “que no es factible realizar
comunicaciones que supongan el desplazamiento de los funcionarios a
los domicilios de particulares, si partimos de la premisa de que,
además de proteger la salud de los funcionarios de la Administración
de Justicia, también se ha de evitar por todos los medios favorecer
el contagio a los ciudadanos con los que deben de entenderse esas
comunicaciones.”
Señalando
que el protocolo realizado por el Servicio de Prevención de la
Xunta de Galicia, en relación
a las “tareas de campo”, no tiene utilidad real
alguna, porque se limita a hacer una recopilación de normativa,
pero no entra a establecer medidas propias para los actos de
comunicación y ejecución.
En
el contenido de los escritos se ha detallado el tipo de labor que se
desarrolla en este tipo de actuaciones “de calle” y los riesgos
que conlleva para los funcionarios y particulares. Y en
consecuencia, se ha pedido un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN para
los actos de comunicación y ejecución a realizar
fuera de la sede judicial, donde se concreten cuales
necesariamente se habrían de realizar, así como las medidas de
protección para los funcionarios que las desempeñen.