Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su
mayoría del Partido Popular, están pendientes de decisiones judiciales
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Rogelio Martínez tropieza al levantarse de un aparato de feria en
presencia de Baltar, en Ourense en 2009. / NACHO GÓMEZ
Pero el alto responsable institucional, inmerso
ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos
contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia
Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su
inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo.
Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en
su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique
bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia
implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan
de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil,
tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al
frente de las instituciones.
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto
Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10
metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a
su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco,
neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones.
El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de
la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor)
y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por
falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por
firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones
Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores
para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue
gobernando asesorada por su marido condenado.
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana
pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José
Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de
Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia,
acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora
municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el
juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa
pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la
secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad
correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz
se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento,
no se inmuta.
Tampoco se
inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras
el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado
provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la
dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente
disciplinario.
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga,
hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve
repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos
días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los
fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura
de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder
por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE,
por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento
público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106
depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de
Arnoia y vicepresidente de la Diputación.
Esta es ya la foto fija de la provincia: una
decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen
cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los
casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes
populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve
otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de
alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras
analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se
hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan)
presentada por el PSOE provincial.
Todo es limbo
C. H.
No solo
los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento
eran ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una
sentencia que los arrancara de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con
causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el marco de la
Operación Pokémon, del exalcalde ourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal
del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la
dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O
Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.
Pero los
socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en
el hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la
teniente de alcalde y concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga
Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el alcalde
(Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a
arroparla: Martín no ha dimitido.
En esta
vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el
“cacique bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de
Ourense José Luis Baltar. Como su íntimo rival en el PP provincial, el
superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una
parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la
institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que
explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la
adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la
UE.
Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo
han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité
yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que
ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del
cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar
en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la
institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita.