El
contenido del artículo publicado en el PAIS es extensible al resto de la
Administración, donde los puestos de mayor responsabilidad están
otorgados “a dedo”, como por ejemplo todas las Jefaturas de Servicio y
Subdirecciones de la Xunta de Galicia, o lo más sangrante de son los
Interventores (que capacidad tienen fiscalizadora si son funcionarios de
libre designación).
Esto
(puestos de funcionario con nombramientos discrecionales= a dedo) nos
conduce a una Administración propia de las democracias subdesarrolladas.
Artículo del País de 11 de Febrero de 2013.
Artículo del País de 11 de Febrero de 2013.El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas
- Una sentencia advierte que ya hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera
- El pleno está controlado por el PP y el PSOE
- Los partidos, vigilados por ellos mismos.
No es
habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero
quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los
intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo
que conlleva un alto riesgo de politización. El asunto es grave porque este
organismo es clave para detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3
de diciembre, desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de
la Asesoría Jurídica y el asesor económico financiero, nombrados por indicación
del pleno, el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que
llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de los
recomendados.
El
pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos,
que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra
parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente
al PSOE, que tiene cuatro asientos.
Esta misma semana el Tribunal
Constitucional se ha unido al Supremo en la lucha contra la intromisión en el
Tribunal de Cuentas. En una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual
Sala, declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder
al cuerpo superior de auditores, como pretendió el PSOE en 2008. Otra victoria
para la profesionalización de este organismo.
El Tribunal de Cuentas es un
objeto de deseo para los políticos por ser el gran fiscalizador, a posteriori,
de los miles de millones que gasta la Administración. Incluso analiza las
controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso. Por
eso, el Tribunal Supremo alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011
—año del litigio— cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras
Administraciones: 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la
sentencia, cuyo ponente fue Vicente Conde, se recuerda al pleno que de los 206
puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla
de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por
funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social
64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación
supone denunciar que hay 30 personas de otras Administraciones que trabajaban
de forma irregular.
Por esta puerta de atrás llegó
al Tribunal Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. Primero
fue funcionario, pero después fue ascendido a vocal del pleno; es decir, con
chófer, secretaria y alto sueldo. Manuel Aznar es responsable de inspeccionar
los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad, todos ellos de gran
peso.
La
situación fue denunciada por la Asociación de los Cuerpos Superiores de
Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas que consideran que el Supremo
"denuncia la falta de voluntad de los máximos responsables de dotar con
profesionales que son los que gozamos de una independencia probada ya que
accedemos por oposición. Nosotros no formamos parte de la Administración porque
no participamos en la gestión de ningún organismo ni debemos nuestro cargo a
nadie", apunta Elena Vicente, presidenta de esta asociación. "Además,
tenemos una falta de movilidad de hecho, ya que no podemos ir a otros cuerpos
de la Administración; solo podemos trabajar en el Tribunal de Cuentas",
recuerda. Por último, apunta que la Asociación "no pone en duda la
profesionalidad ni la capacidad de los otros funcionarios", pero recuerda
que desde 1987, cuando echó a andar el tribunal tal como se conoce ahora,
"nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores, mientras que no
han parado de incorporarse personas de libre designación". Esta situación
choca con el argumento oficial de que al tribunal le faltan efectivos.
Fuentes oficiales del tribunal
comentaron que tras la sentencia del Supremo, "el pleno tomará medidas la
semana próxima para modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido
marcado por la sentencia", sin más detalles. El problema no es fácil de
solucionar: este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios (que podrían
continuar), y 175 de otras Administraciones. De estos, sobrarían más de la
mitad, si se aplica la sentencia, que condenó a costas al tribunal.
No es el primer caso. En 2009,
la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló el nombramiento como
subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que
era consejero e incluso fue presidente.
Esta injerencia política lleva
a situaciones tan esperpénticas como que el grupo de funcionarios que analizó
un año las cuentas de la Seguridad Social estaba compuesto en su totalidad por
exfuncionarios de ese organismo. Es difícil creer en su independencia de
criterio.
Además, para los nombrados vía
digital, la llegada al Tribunal de Cuentas tiene una ventaja salarial muy
importante. Según fuentes internas, los trasladados tienen retribuciones más
bajas, que son elevadas automáticamente. Los sueldos en este tribunal son de
los más elevados de la Administración para evitar la tentación de aceptar
sobornos. Muchos llegan con nivel 23 de la Administración y pueden alcanzar
hasta el 30 si se mantienen tiempo en su trabajo. Es otra razón para ser
agradecidos con los que les han nombrado.
Los
partidos, vigilados por ellos mismos
La prueba del algodón que
demuestra que algo no funciona en el Tribunal de Cuentas es el mecanismo de
control de los partidos políticos. Pese a ser un asunto clave para el buen
funcionamiento de una democracia y una barrera frente a la corrupción, este
organismo dedica pocos medios a esta labor y con curiosas anomalías.
Mientras los departamentos
normales, que fiscalizan la Seguridad Social, las comunidades autónomas o las
corporaciones, cuentan con unos 60 o más funcionarios, los de los partidos
políticos han fluctuado desde los 12 a los 26 que ahora han colocado tras los
escándalos publicados. Con estas cifras, no debe extrañar que el último
ejercicio analizado de los partidos fuera 2007.
Además, no existe un cuerpo de
funcionarios asignado porque el departamento se crea y se disuelve según el
trabajo que haya. Cada vez que hay que escudriñar a los partidos, se reclaman
funcionarios de otros departamentos hasta formar el grupo. “Vienen a
regañadientes porque salen de sus divisiones a la fuerza. Al no existir un
grupo estable, no hay especialistas en partidos, lo que provoca que sean menos
eficaces. Cada vez que llegan, empiezan de cero”, comentan fuentes del
tribunal.
Pero hay más peculiaridades.
Todos los departamentos del tribunal tienen un vocal responsable. Es el que
sigue las averiguaciones que realizan los funcionarios. ¿Y qué pasa en
partidos? Pues que en lugar de un responsable (que siempre corresponde a un
partido) hay dos; chico y chica, PP-PSOE. Así que, se podría pensar, tú no me
molestas a mí y yo tampoco a ti. En medio pueden quedar soterradas las verdades
incómodas.
La situación ha llegado al
nivel del escándalo cuando el PP aseguró que era un partido auditado porque
entregaba todos sus datos al Tribunal de Cuentas. Pero resulta que desde 2007
no hay informes, no hay control y ha llegado el momento de desempolvar carpetas
a toda prisa en los archivos. El Tribunal de Cuentas espera entregar en verano
el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.
El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, calificó hace días de “mejorable” la
fiscalización de las cuentas de los partidos. Tras afirmar que solo tenían
acceso a “la contabilidad de los partidos”, Álvarez de Miranda admitió que
deberían poder acceder a información de la Agencia Tributaria que ahora le está
vetada. También reclamó “una legislación más estricta” sobre los proveedores de
los partidos. El martes acude al Congreso. Ahí puede reclamarla.