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El registrador Javier Angulo fue el
director de un equipo nombrado por Justicia para desatascar el colapso de los
expedientes de nacionalidad.
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Ese equipo decidió que el Colegio de
Registradores pagara 5,1 millones por el software que diseñó una empresa
privada llamada Futuver.
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El administrador de la filial rumana de
Futuver era Javier Angulo, es decir, que Angulo decidió que los registradores
contrataran el software de su empresa.
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Este negocio dividió a la Junta de
Gobierno del Colegio, controlada por registradores afines de Gallardón. Una
auditoría del Colegio reveló después que la contratación de Futuver se realizó
"por encima de los precios de mercado".
David Fernández
20 minutos.
Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas.
En junio de 2012, el Colegio
de Registradores recibió
una encomienda del ministerio de Justicia para hacerse cargo de la
tramitación de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban entonces varios
años de retraso y colapsaban el ministerio. Fue un servicio por el que los
registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar. Justicia, a
través de la Dirección General de Registros y del Notariado, pactó con el
Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes,
una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el
Colegio desembolsó 5,15 millones de euros.
Curiosamente, uno de
los administradores de esa empresa era el registrador 'fichado' por Justicia
para dirigir desde el ministerio el equipo que decidió que los registradores
debían pagar por ese software. En enero de 2012, el Director General de los
Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, creó un equipo de trabajo para intentar agilizar la
tramitación de los expedientes de nacionalidad, ya que por aquel entonces
había unos 480.000 en listas de espera. Para ello nombró a un registrador,
Javier Angulo Rodríguez, como Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de
Nacionalidad. "El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que
se ha producido en los últimos años ha superado la capacidad de tramitación del
órgano administrativo y es inaplazable dar solución a este problema", fue
la conclusión de este equipo asesor del ministerio. El objetivo del plan era
digitalizar casi 500.000 expedientes de nacionalidad
Para reducir el
colapso se diseñó el Plan Intensivo de Tramitación, que se basaba en la
conversión de los expedientes en papel, unos 480.000, en expedientes
electrónicos, mediante su digitalización.
Se iban a crear más de
25 millones de documentos electrónicos. Para todo este proceso se creó "una aplicación de gestión
para la tramitación de los expedientes". Justicia pactó con el Colegio
de Registradores contratar esa aplicación, un software de gestión, a pesar
de que el director general, Joaquín Rodríguez, conocía a la perfección que el servicio
informático del Colegio, que cuenta con casi 300 profesionales, desarrolla la
mayoría de los software que utilizan los registradores de la propiedad y
mercantiles. Y lo sabía porque el propio Joaquín Rodríguez había dirigido en el
pasado ese servicio, el SSI.
A pesar de ello, se
decidió ir al mercado a comprar ese software en lugar de encargárselo al
servicio informático del Colegio. La empresa Futuver Consulting fue la elegida
para desarrollar el software por encargo del ministerio de Justicia, y el
Colegio pagó por esa aplicación 5,15 millones de euros. Futuver tiene una
filial en Rumanía que se llama Futuver Rumanía, cuyo administrador solidario
fue hasta mayo de 2012 Javier Angulo Rodríguez, el registrador que dirigió el
equipo asesor del ministerio. Javier Angulo Rodríguez estuvo en Futuver
Rumanía hasta mayo de 2012, cuando ya llevaba cinco meses al frente de este
equipo asesor y un mes antes de que Justicia encargara al Colegio la encomienda
de los expedientes de nacionalidad.
Por encima
de los precios de mercado
En 2012, Justicia
tenía muy buena relación con la Junta de Gobierno del Colegio, una junta
bautizada como "oficialista" que defendía la reforma de los registros
que planeaba por entonces Justicia. Joaquín Rodríguez, alto cargo de Justicia,
había estado en esa junta antes de pasar al ministerio, y es amigo de Enrique
Rajoy, también registrador y hermano del presidente del Gobierno, según varias
fuentes consultadas.
El acuerdo entre
Justicia, el Colegio y Futuver fue redondo para los intereses de Futuver y
lesivo para las arcas del colegio, teniendo en cuenta que una auditoría externa
posterior encargada por el Colegio a la consultora Hitachi reveló que la
Dirección General del Registro y del Notariado "decidió unilateralmente
que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado
directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan
otras posibilidades".
La auditoría también
destaca que la contratación de Futuver se realizó por importes que "o bien
quedan claramente por encima de los precios de mercado…o bien parecen
totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado". La auditoría fue
encargada porque la Junta de Gobierno empezaba a mostrar fisuras y se dividió
en dos. Se votó entonces que se encargara este informe externo sobre el pago de
cinco millones a favor de Futuver. Luego, en octubre de 2013, hubo elecciones
en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron
campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso
Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del
colectivo descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de
Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un
total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los
derrotados estaba la nuera del ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la Propiedad de Villalba. Un cuñado de
Gallardón, el hermano de su mujer, José Antonio Utrera, también es registrador.
La compra del software
a Futuver y el plan de Justicia de privatizar los registros provocó divisiones
en la Junta y elecciones La candidatura de Aguilera ganó así el pulso a la
línea oficialista, que ya había recibido un primer varapalo en abril
de 2013, cuando los
registradores descontentos con la deriva de su Colegio forzaron la convocatoria
de una asamblea cuyo alcance frenó la reforma registral que planeaba Gallardón.
La cita era importante, ya que desde que se colegiaron en 1934 los
registradores solo se habían reunido en asamblea en dos ocasiones: en 1935 y
1988. Esa tercera cita fue forzada por 309 firmas (cuando solo eran necesarias
250) y con el aval de 427 registradores. El resultado fue sorprendente: el 80%
votó a favor de que el máximo órgano del colectivo, la Junta, le transmitiera a
Justicia que no quería la reforma.
Más de
500.000 expedientes
Desde junio de 2012 el
Colegio ha tramitado más de 502.000 expedientes de nacionalidad. La encomienda
terminó el 31 de diciembre de 2013, aunque el Colegio siguió tramitando los
expedientes que se presentaron antes de esa fecha. Una vez acabado su trabajo
de asesoramiento para el ministerio, Javier Angulo Rodríguez volvió a su plaza
de registrador. Antes era el titular del registro número 2 de Estepona
(Málaga). Desde febrero de 2014 está destinado en Lleida. Sigue en la empresa
privada. Ahora es administrador de la empresa Consultoría de Análisis e
Inversiones para Rumania, según el Registro Mercantil. No ha querido atender a
este diario. Este diario ha intentado hablar, sin éxito, con un portavoz de
Futuver para que explicara la funciones que tenía Javier Angulo en la filial de
Rumanía y si este trabajo era compatible con las funciones de asesoramiento que
desempeñaba para el ministerio. "Es nuestra política y sujeto a los
términos de confidencialidad del contrato que rige con nuestro cliente, el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, no realizar
comunicaciones", señaló un portavoz de Futuver.
A preguntas de este
diario, la nueva Junta de Gobierno, la de Gonzalo Aguilera, que se encontró con
el contrato y el pago a Futuver ya ejecutado, asegura que no va a iniciar
ningún tipo de acción contra la anterior Junta "porque fue una decisión
política que adoptó la anterior Junta de Gobierno y fue avalada por la Asamblea
de Decanos Territoriales y Autonómicos". Aunque su portavoz sí quiere
dejar claro que "el sistema informático de gestión de expedientes de
nacionalidad podría haber costado sobre 300.000 ó 400.000 euros", 12 veces
menos que lo que se pagó. "El sistema costó tan caro porque se
sobredimensionó y porque inexplicablemente se adjudicó a una empresa privada
sin dar oportunidad de desarrollarlo al Colegio, a través de nuestro servicio
de información.
Todo desarrollo
tecnológico referente al sistema registral debería confiarse al Colegio, que ha
demostrado de sobra su capacidad tecnológica sin ninguna incidencia de
seguridad, y que podría asumirlo con sus propios medios"